La España que nos une
césar sánchez pérez 09.08.2017 | 00:12 Levante emvPresidente de la Diputación de Alicante
La España que nos une
Las propuestas para la reforma del modelo de
financiación local que ha lanzado el Gobierno central constatan el papel
fundamental e irreemplazable que desempeñan las diputaciones
provinciales en la estructura territorial del Estado.
Desde las diversas ocupaciones públicas que he desempeñado a lo largo
de los años y ahora como alcalde de Calp y presidente de la Diputación
de Alicante, siempre he entendido la política como un ejercicio
vocacional al servicio del ciudadano y de un bien común capaz de
contribuir a engrandecer nuestra nación. El sentimiento de pertenencia a
un país, a una región y a un territorio es el que nos proporciona la
base de nuestras acciones y la razón de ser de nuestras decisiones. De
la capacidad de diálogo, consenso y acuerdos que tengamos las personas
que con enorme responsabilidad ostentamos cargos dependerá nuestro
futuro, nuestro progreso y nuestro bienestar. Por ello, cualquier acción
que se lleve a cabo con este objetivo debe contar con el respaldo de
todas las partes implicadas.Las propuestas para la reforma del modelo de financiación local que ha lanzado el Gobierno central a través de una comisión de expertos constatan el papel fundamental e irreemplazable que desempeñan las diputaciones provinciales en la estructura territorial del Estado y, por tanto, es no solo conveniente sino ineludible dotarlas de un marco de referencia competencial concreto, diáfano y claramente delimitado. Constituyen, a día de hoy, las administraciones más cercanas a los ayuntamientos, las que mejor conocen sus necesidades reales y las que tienen mejores herramientas para responder a sus demandas. Este grupo de profesionales que acaba de emitir un informe con sus conclusiones así lo entiende y aduce que las diputaciones deben ser las responsables y encargadas de apoyar y velar por los intereses de todos los municipios, pero especialmente de los de menos de 20.000 habitantes, siempre y cuando estos no cuenten con la capacidad económica, técnica y humana para desempeñar ciertas tareas. Es decir, las diputaciones son un nexo de unión de la organización territorial de España, a la vez que garantiza las señas de identidad de cada parte del territorio.
En nuestra vocación de servicio y de atención ecuánime a todos los pueblos, los gobiernos provinciales seguimos una estratégica y motivadora hoja de ruta cuyos mayores esfuerzos se centran en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, así como en aliviar las arcas municipales de costas que pueden desajustar su presupuesto, ya de por sí limitado.
La capacidad de las diputaciones de prestar en condiciones de efectividad ciertos cometidos nos impulsa a estar al lado de aquellas poblaciones que reclaman mayor atención y sustento. Asesorar o prestar, si así lo determinan los consistorios, la gestión de ciertos servicios públicos o incluso de sus tributos locales, partiendo del principio de acuerdo, voluntariedad y respeto a la autonomía local, es una de las propuestas que se articula en el análisis de reforma del sistema de financiación local.
Desde la Diputación de Alicante venimos realizando estas y otras acciones y volcando nuestros esfuerzos presupuestarios en los municipios con menor población para generar igualdad de oportunidades. Son nuestra prioridad porque en esta provincia representan, en el caso de los de menos de 20.000 habitantes, el 85% del total de los 141. Es nuestro mayor logro como «Ayuntamiento de Ayuntamientos», al igual que haber conseguido un endeudamiento cero que nos ha permitido poner en marcha diferentes planes extraordinarios de inversiones financieramente sostenibles al ser una Administración totalmente saneada. Seguiremos dirigiendo nuestras acciones a vertebrar el territorio, a contribuir a la pervivencia de los núcleos poblacionales más pequeños, a consolidar Alicante como una provincia competitiva y puntera, a fortalecer el tejido empresarial y social y todo ello buscando el acuerdo, las decisiones compartidas y la firme disposición a entendernos con todas las administraciones y grupos políticos.
Por ello, no comprendemos cómo desde algunos partidos y desde el gobierno de la Generalitat Valenciana se opta por ejecutar a base de imposición, decretos y autoritarismo. En estos dos últimos años hemos tenido varios ejemplos que vienen a demostrar la línea ideológica radicalizada de un Consell que quiere separar y enfrentar a los ciudadanos, desdibujar el papel de las diputaciones, someter a los ayuntamientos bajo el yugo de la indefensión e iniciar la desconexión paulatina con el resto del territorio nacional. Dividir para debilitar.
Este parece ser el camino adoptado por el socialismo valenciano y sus socios de gobierno que con sus políticas a golpe de decreto y basadas en una ideología más cercana al pancatalanismo están haciendo sentir a muchos castellonenses, valencianos y alicantinos que no forman parte de España pues sus políticas tienden más a la desconexión que a la integración, como ha ocurrido con el decretazo del «plurilingüismo». El Consell ha utilizado la lengua y la educación como un elemento separador y de ruptura en nuestra sociedad.
En mi caso, como en el de muchos de vosotros, ser valenciano es la mejor forma que he encontrado de ser español. Se puede ser valencianista de igual manera en castellano que en valenciano, hablando en cualquiera de las lenguas de la Comunitat Valenciana.
El valenciano es un derecho y debemos garantizar que así sea, pero en ningún caso vía el decreto o la imposición. Los alicantinos, los valencianos nos merecemos un Consell que gobierne para todos, y no sólo para unos pocos.
Muchos somos los que pensamos que no se debe permitir más el chantaje identitario ni la manipulación nacionalista. Los alicantinos queremos vivir en España, y ser protagonistas de una tierra, la Comunitat Valenciana, que aspira a liderar España.
