Según el articulo 155 primero ha de llamar al presidente Puigdemont a consulta y advertencia oficial, luego tiene un plazo impreciso para responder. Nada de Fuerzas Armadas ni Guardia Civil, los jueces pueden ordenar a los Mossos la detención de Puigdemon y a su equipo de gobierno, pero por ahora no tienen pruebas, esto se podrá hacer si las hubiera en el futuro. Ante provocaciones no se puede actuar, legalmente hablando. Si el gobierno manda ahora actuar gana Puigdemont, porque parecerá como víctima, cuando es de libro saber que él solo se autodestrurá. Arturo Mas es el instigador de esto, quiere que la fiscalia anticorrupción no investigue a antiguo CIU, y no meta en la cárcel a Pujol.
El Parlamento catalán está comentido infacciones administrativas como lo de no poner la bandera nacional en la reuniones del gobierno. El de no acudir a la reunión de presidentes autonómino; pero las financiacaiones que recibe de la Administracion sí les gusta.
Ellos saben que el referéndum no se va a celebrar, y no es un derecho a decidir, que no existe.
No se puede evitar que en Cataluña haya y persista un sentimiento de separatismo desde el siglo XIX, y no pasa nada, en otras regiones europeas pasa lo mismo. Y aunque salieran de los beneficios de la Eurozona, del mercado común, les da igual, porque es una cuestión de orgullo patriótico, el signifcarse diferencial.
Por otra parte Pedro Sánchez del PSOE no ayuda mucho con eso del federalismo y las plurinacionalidades de España. Yo le pregunto ¿Cuábtas naciones hay en España?. El hecho de que unos ciudadanos decidan que son nacion, no les da derecho juríco a serlo.
Leo hoy en ABC:
Urnas, papeletas, censo
Es es cualquier caso una posibilidad, dado que, como informó la Generalitat ayer, el secretismo, bien sea para la compra de urnas o de las papeletas, o para la elaboración del censo, va a ser la norma a partir de ahora. El Ejecutivo catalán solo dará información cuando «sirva a la causa y al objetivo, que es que la gente vote el 1 de octubre», zanjó Turull apelando al «estado de sitio» que el Estado le aplica a la Generalitat. Del mismo modo, tampoco se quiso aclarar cómo se plasmará la decisión adoptada según la cual todas las decisiones relativas a la consulta las asumirá el Govern de forma colegiada, algo que, no obstante, tampoco tiene trascendencia penal, según los expertos consultados. «Visto como las gastan, el tempo informativo lo administraremos nosotros», añadió Turull, que cuando fue cuestionado por la opacidad que supone esta política quiso distinguir entre «transparencia» y «ostentación».En esta línea de secretismo, tampoco se quiso aclarar si en la próxima reunión del nuevo órgano de coordinación del referéndum que ha creado la Generalitat se adoptará alguna decisión concreta. Dicho órgano, al modo de una comisión de seguimiento, reconoció Turull, lo componen el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, el número dos de su departamento y el secretario del Govern. En la reunión que se celebrará en los próximos días también asistirán de manera puntual el consejero de Justicia y el de Presidencia.
La única decisión que sí adoptó ayer de manera transparente el Ejecutivo catalán -mediante su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat- es el traspaso del área de Procesos Electorales desde la Consejería de Gobernación a la Vicepresidencia. Esta responsabilidad, la logística de la consulta en realidad, correspondía hasta ayer a la consejera Meritxell Borràs, con causa abierta en el TSJC por haber puesto en marcha precisamente el concurso fallido para la compra de urnas. Como si se tratase de un aviso a navegantes, el TSJC abría ayer diligenciascontra Borràs y su exnúmero dos Francesc Esteve, reclamando a la Generalitat el expediente completo del concurso citado.
«De su bolsillo»
Los pasos que va dando la Generalitat hacia la consulta de octubre reciben una contestación regular por parte del Gobierno: la consulta no se hará, y quien trate deorganizarla pagará por ello, en lo penal y en lo económico. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advertía en esta línea de que si los miembros del Ejecutivo catalán quieren comprar urnas para el el 1 de octubre las «tendrán que pagar de su bolsillo». En Catalunya Ràdio, Millo recordó que ya hay en la comunidad «más de 8.000 urnas disponibles para hacer un proceso electoral legal, por lo tanto no hace falta comprar ninguna urna para hacer un proceso electoral legal».En el lado contrario, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, exigió al Govern que «no dilate más» el proceso para su adquisición. «Estamos esperando a que haya públicamente el acto administrativo que haga falta» para comprar las urnas, ha señalado Boya, para quien «esta historia de las urnas está durando demasiado», apuntó la diputada antisistema.
CONDENA DE ARTUR MAS.
El Tribunal de Cuentas ha dado dictado este martes dos autos que aceleran el juicio contable abierto contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, Joan Ortega, Irenne Rigau y Francesc Homs por los gastos pagados con fondos públicos relacionados con la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. El coste del proceso participativo ascendió a algo más de cinco millone de euros. El organismo fiscalizados ha desestimado el recurso de la Generalitat para que se archivara el caso y ha confirmado que la Abogacía del Estado puede intervenir en el proceso, a la vez que ha activado el nombramiento de un delegado instructor para que abra el expediente de responsabilidad contable de los organizadores del 9-N que, según la denuncia presentada por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, utilizaron dinero público sin justificación legal.
Fuentes jurídicas han asegurado que la intención es que este procedimiento contable, que nada tiene que ver con el juicio penal y la condena por desobediencia impuesta a los cuatro exaltos cargos de la Generalitat, esté finalizado antes del referéndum del 1-O. Si se acepta las pretensiones de las entidades que han impulsado la reclamación, Mas, Ortega, Rigau y Homs pagarán de su bolsillo los cinco millones de euros que costó el 9-N. Y si no lo hicieran, se les embargaría patrimonio.
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Que Puigdemont se ponga a remojo la barba (peluca), por lo que le va a pasar si no despabila.
