No es creíble lo que dijo Mariano Rajoy en el juicio del 26 de julio. Pero Rajoy no puede dimitir

 No es creíble que Mariano Rajoy, no supiera nada de la financiación del partido del PP, de ser así es un negligente y se hizo el "gallego" (no se sabe si suebn o bajan).  Si el presidente de un partido político, el que sea, tiene conocimiento de irregulariades económicas lo primero que hace es abrir una investigación interna y caen todos lo que cometieron irregularidades. Pero qué hizo Mariano Rajoy llamar por teléfono a Bárcelas para decirle que tranquilo y que aguante. Esta llamada es la evidencia de un complot. Cuandos todos chupan, todos callan, es como la anecdota del Larazillo de Tormes cuando el ciego le dio un tortazo al lararillo. ¿Por qué me pegas?  ¿Sabes qué veo, respodió el ciego, que las comiste tres a tres? En que comía yo dos a dos y tú callabas. 
 La limpieza del PP clama a gritos, altos cargos están en prisión, otros han dimitido.
El jucio próximo será el de la urnas.
Pero la situación actual, no es para  dimitir Mariano Rajoy, como pide la oposición, porque sería terrible proponer nuevas elecciones que solamante beneificiarían a la oposición (PSOE, Podemos, y otros) sería haderles el caldo gordo. Y menos aún menos ante le procesos soberanista catalán y el posible referendúm del 1-0.
Por ello Mariano Rajoy, ha seguir al frente del ejecutivo hata nuevas elecciones. Sería terrible, una dimisión, convocación de elecciones y que ganara el resuciado de Pedro Sánchez. Entoces sí que la armamos


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La comisión de investigación que la oposición ha impuesto en el Congreso para someter a examen la caja B del PP y su presunta financiación irregular empezará fuerte. El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos sumaron ayer sus votos para establecer que el primero en comparecer para declarar sea el extesorero del PP Luis Bárcenas. El hecho de que el ex responsable de las cuentas del partido, cuyas anotaciones contables manuscritas constituyen el principal indicio que apunta a la presunta financiación irregular de los populares abra la comisión marcará el desarrollo de la misma, ya que quienes comparezcan después estarán obligados a tratar de rebatir sus acusaciones.

Después de Bárcenas, según el acuerdo alcanzado, serán llamados a declarar todos los anteriores responsables de las finanzas nacionales del PP, a excepción de Álvaro Lapuerta, con problemas graves de salud, y también los tesoreros del partido en la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. El PSOE cedió así en su intento inicial de que fuera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el primero en acudir a declarar ante este órgano parlamentario. Ese cambio de parecer implicará, previsiblemente, aunque ni el PSOE ni Unidos Podemos ni Ciudadanos lo confirmaron ayer, que el líder del PP sea el último en declarar y que comparezca ante la comisión de investigación después de que se haya producido su interrogatorio en calidad de testigo en el juicio por el caso Gürtel.

El PP intentó frenar el arranque

La norma indica que los llamados tendrán que comparecer entre 15 y 20 días después de ser citados, por lo que Bárcenas podría acudir al Congreso en ese período de tiempo. El PP intentó torpedear hasta el último momento la constitución de esta comisión pidiendo su paralización hasta que los servicios jurídicos de la Cámara se pronunciaran sobre su legalidad y sobre el ámbito temporal y territorial de la contabilidad de los populares que puede ser sometida a examen. Pero fue inútil, porque la oposición impuso su mayoría para forzar la creación inmediata de un órgano que, según el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maíllo, puede acabar convertida en una «causa general» y una «cacería» contra el PP.

El argumento de los populares es que la investigación solo debería abordar sus finanzas desde el 2015, ya que fue ese año cuando el delito de financiación ilegal se tipificó en el Código Penal. Respecto a la intención de fiscalizar las cuentas del PP en varias autonomías, señalan que desde el Congreso no se controla la actividad autonómica. Y, por último, indican que el Congreso está para controlar a un Gobierno, no para exigir responsabilidades a un partido político.
El número tres de los populares advirtió de que están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional planteando un conflicto de atribuciones si lo que se pretende es hacer un «linchamiento» del PP por parte de los demás partidos. «Usaré las fórmulas que existen en este país para proteger mis derechos vulnerados por una mayoría en la Cámara, recurriré a todas las posibilidades a mi alcance para actuar por este abuso de poder», señaló también el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.
La comisión de investigación en el Congreso estará presidida por el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien acaba de cerrar un acuerdo con el PP para apoyar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de un fuerte impulso a las inversiones en las islas Canarias.