La politica bastarda y espurea

La política bastarda

10.05.2017 La Prensa de Buenos Aires

Opinión

• Hebe de Bonafini.

En gran medida la polémica reabierta por un fallo de la Corte Suprema sobre la represión ilegal de los años 70 es consecuencia de la práctica bastarda de la política. Más específicamente del uso partisano de la causa de los derechos humanos por parte de grupos facciosos. Confundir esa actividad con la Justicia, la verdad o la defensa universal de los derechos humanos sólo puede obedecer a la ingenuidad o a la hipocresía.
Estos grupos minúsculos pero con mucha prensa exhiben una indignación impostada porque a los represores nativos (hoy octogenarios) se les aplicó una ventaja procesal a la que tienen derecho. Pero no se les mueve ni un músculo por la masacre de opositores que está haciendo en Venezuela un dictador de opereta. Como tampoco se les movió cuando la dictadura castrista fusiló disidentes, actividad a la que se dedicó hasta medio siglo después del triunfo de la revolución con la excusa cínica de que cualquiera que rechazase el credo oficial representaba un peligro de muerte para el socialismo caribeño.

En este ejercicio de cinismo, de doble patrón de medida para juzgar hechos similares y de doblez moral entra una amplia franja de dirigentes de "derechos humanos" que va desde la inefable Hebe de Bonafini hasta el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel que dice que la [politica] de Maduro no es una dictadura, sino un gobierno "con problemas" al que quieren desestabilizar los Estados Unidos.
Es inadmisible que grupos dedicados, al menos en teoría, a la defensa de los derechos humanos ignoren garantías procesales, aunque los beneficiarios de esas garantías hayan cometido delitos de lesa humanidad. Esta observación fue hecha recientemente por Jaime Malamud Goti, ex asesor de Raúl Alfonsín y jurista de larga trayectoria que colaboró con Amnesty International y Human Right Watch, y del que no se puede sospechar que simpatice con "la derecha" o los militares de los 70.

En suma, la mistificación de los derechos humanos en la Argentina aconseja no dejar en manos de los "organismos" una cuestión de tanta importancia. Después de 40 años de cometida la matanza de una cantidad aún no determinada de miembros de la guerrilla parece llegada la hora de dar vuelta la página o por lo menos de impedir que la cuestión sea utilizada para hacer política bastarda. Parece llegada la hora también de que la defensa a ultranza del Estado de Derecho se convierta en un factor de consolidación de la democracia y de la cohesión social. ¿Cómo lograrlo? Consultando a la sociedad. Los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo ya dieron todo lo que podían dar: soluciones contradictorias que dependían del partido que estaba en el poder y de cálculos electorales del momento. Como era de esperar, no sólo no terminaron con el problema, sino que lo volvieron crónico.

Contra lo que generalmente se cree, la Justicia tiene una función más importante que la de dar a cada uno lo que le corresponde: es la de terminar con los conflictos. Si no lo consigue, la vida en sociedad es imposible. Y si los tribunales no pueden cumplir con esta tarea, parece llegada la hora de que lo hagan los votantes. Si se sigue dejando librada la cuestión a grupos facciosos cuya única razón de existir está en el pasado, las heridas seguirán siempre abiertas.

LA PRENSA, DIARIO DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)