Más recortes para España. Los de Bruselas son insaciables. 5.500 millones de €

Bruselas urge a España a aprobar un nuevo presupuesto “tan pronto como sea posible”. Y exige garantías al nuevo Gobierno de que incluirá recortes “del 0,5% del PIB”, en torno a 5.500 millones. La Comisión Europea ha enviado este martes una carta a España —junto a otros seis países— a la vista de que el presupuesto de 2017 no satisface, una vez más, los compromisos adoptados. Bruselas subraya que el objetivo de déficit del año próximo “no está asegurado”, y va incluso más allá: “Puede haber riesgos para la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo de aquí a 2018”. Para entonces hará falta otro tijeretazo: 5.500 millones más.
Los socios de la UE enviaron sus presupuestos a Bruselas el 15 de octubre, y la Comisión Europea ha despachado siete cartas a los países con riesgo de incumplir. España, fiel a la tradición, está entre el grupo de los rezagados. Bruselas es consciente de que “un Gobierno en funciones no tiene poderes presupuestarios completos”. Pero el brazo ejecutivo de la UE urge a España a presentar un nuevo presupuesto “tan pronto como sea posible” —la Comisión quiere máxima celeridad: antes de fin de año—, con la enésima oleada de recortes, esta vez por importe de medio punto de PIB. En plata: las nuevas cuentas públicas de 2017 deben incluir un tijeretazo de 5.500 millones, según la carta firmada por el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici. Y aunque la misiva no lo cite explícitamente, en 2018 serán imprescindibles 5.500 millones adicionales: Bruselas quiere 11.000 millones de recortes estructurales (sin tener en cuenta el efecto de la recuperación económica) en los dos próximos años.

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El enésimo revés europeo era más que esperado en Madrid. El Ejecutivo en funciones presentó unas cuentas públicas con un déficit del 3,6% del PIB, lejos del objetivo del 3,1%. España era consciente de que esa carta llegaría: se limitó a prorrogar los presupuestos de este año ante la falta de Gobierno, y el ministro Luis de Guindos ha admitido ya que el próximo Ejecutivo tendrá que aprobar el recorte que exige Bruselas, aunque no ha aclarado si reducirá gasto público o, lo más probable, aprobará una subida de impuestos que revertiría la rebaja electoralista de Rajoy.
Se repite la historia: también el año pasado Bruselas envió una carta por los “serios riesgos” de incumplimiento, pero entonces el Ejecutivo reaccionó desafiante: “España es el país que más crece y por supuesto que cumplirá”, dijo el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Siempre acabamos cumpliendo”, le secundó un Luis de Guindos que meses más tarde se vio obligado a pedir disculpas. Guindos prometía entonces que el agujero iba a acabar 2016 “por debajo del 3%”; ahora lo cifra en el 4,6%, y puede que se quede corto. Los sucesivos incumplimientos pudieron costarle una multa multimillonaria a España, un estigma del que el Gobierno solo se libró con ayuda de Berlín.

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 El plan presupuestario que el Gobierno en funciones del PP ha remitido a Bruselas deja pendiente un ajuste de alrededor de 5.500 millones de euros para cumplir con las metas de déficit público fijadas por la Comisión. Los principales partidos, con excepción del PP que ha declinado pronunciarse sobre el asunto, apuntan que el ajuste debe afrontarse con subidas de impuestos. PSOE, Ciudadanos y Podemos consideran que el Estado de bienestar ya ha sufrido grandes recortes durante los últimos años. Una docena de expertos consultados también señalan en la misma dirección: hay que ajustar por el lado de los ingresos.