Las «burdas maniobras» de la Junta en el hotel Algarrobico
Pero papelón puede resultar un término suave, puesto que el magistrado, hoy en el TSJA, advirtió en su sentencia de que la «burda maniobra» con que la Junta había intentado convertir en urbanizable y no protegido el suelo de El Algarrobico -llegó a falsificar la planimetría oficial, como denunciaron los ecologistas- presentaba los «caracteres de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio».
Y es que la Junta, desde el principio de esta larga historia de El Algarrobico y el proyecto para construir 1.500 viviendas, un campo de golf y otros seis hoteles de lujo en la misma zona, había defendido que el suelo de la playa de Carboneras era urbanizable, como demuestra que diera luz verde a los planes urbanísticos para construir el hotel, que apoyó, promocionó y subvencionó antes de, repentinamente, pasar a convertirlo en el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística y la destrucción de la costa.
Y tan es así, que aún después de que, de cara a la opinión pública, los representantes políticos de la Junta pasaran a decir que se trataba de un suelo protegido y no urbanizable, sus abogados seguían defendiendo en los tribunales todo lo contrario, e incluso hay escritos de la Administración autonómica muy posteriores a 2006 que llegan a considerar que se trataba, no ya de un terreno urbanizable, sino urbano consolidado.
De ahí que pueda resultar sorprendente que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, asegurara, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha dictaminado que el suelo del hotel es no urbanizable y de especial protección, que la Justicia había dado por fin la razón a la Junta.
Sin embargo, para quienes conocen la historia del hotel, estas declaraciones del consejero no han causado ninguna sorpresa, pues se sitúan en la misma línea de la Junta en todos estos años, que ha defendido una cosa y la contraria, y en ocasiones ha hecho las dos cosas a la vez. ¿Y por qué? Pues quizás porque haya sido realmente complicado intentar hacer blanco lo que un día fue muy muy negro, y en este complejo e indigesto proceso han quedado en evidencia dobleces, ambigüedades, cuando no mentiras, y según un juez hasta indicios de delito.
Porque lo cierto es que la Junta participó en el 'negocio' de esta urbanización desde el principio, desde que la sociedad Parque Club El Algarrobico, en la que participaba la Administración autonómica a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), compró y vendió en 1996 y 1999 como urbano el suelo -protegido desde 1994- en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Pero además de participar en la venta de los terrenos, también debió ser conocedora de la flagrante vulneración de las normas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) de Cabo de Gata-Níjar de 1994, que protegían la zona. De esta forma, la Administración no sólo no cumplió con su obligación de suspender las obras del hotel, dado que además invadía la zona de protección de 100 metros que establecía la Ley de Costas de 1988 y de instar a la adaptación de las Normas Subsidiarias de Carboneras al PORN, sino que, con la «burda maniobra» de la que hablaba el juez Rivera, intentó todo lo contrario, es decir, hacer urbanizable su suelo.
Pese a que debía saber que el hotel se iba a construir en zona no urbanizable, la Junta defendió el proyecto, lo promocionó y lo subvencionó, incluyéndolo, en razón del interés general, dentro del Proyecto Turístico de Carboneras, incardinado en el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Nijar, aprobado por el Gobierno de Chaves en 2004.
