El origen, en Suiza
La investigación comenzó en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta a España de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Francisco Granados y David Marjaliza.
Una anotación manuscrita en la agenda de Franciso Granados ha sido el detonante de la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid. Concretamente un recibo por valor de dos millones de euros que, presuntamente, habría entregado el empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de OHL -y yerno del también empresario Juan Miguel Villar Mir- se ubica como la prueba clave de la ‘Operación Púnica’, un proceso judicial que investiga la posible financiación ilegal del partido en la región.
Para poder contemplar la foto completa hay que retroceder hasta el 27 de octubre de 2014. Aquel lunes primaveral fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó hasta 250 millones de euros en servicios públicos a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2-3% del volumen del contrato–. Una suma que, posteriormente, era blanquead a través de un entramado societario enrevesado a tenor de los 400 requerimientos a entidades bancarias y compañías de seguros y los más de 30 embargos realizados. Un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.
Tras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo agravado, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses, que recayó en el citado juez Velasco, para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción. La lista de presuntos delitos de la trama va desde el blanqueo de capitales hasta la falsificación de documentos pasando por delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y Organización Criminal.
