La deriva secesionista preocupa
a las grandes empresas ubicadas en Cataluña que quieren estar
preparadas para salir del territorio si finalmente se consuma la independencia de la región.
Así se lo han hecho saber al Gobierno, que se ha hecho eco de estas
peticiones facilitando los trámites para cambiar el domicilio fiscal
dentro de España. El cambio legal, que tan sólo modifica tres palabras de la ley de Sociedades de Capital, entró en vigor en el BOE el pasado 26 de mayo.
Hasta ahora, las empresas que querían cambiar su sede
social debían convocar una junta de accionistas para aprobar la medida,
salvo si se trasladaban a una dirección en el mismo municipio. En ese
caso el órgano de administración podía decidir unilateralmente el cambio de sede sin consulta alguna.
La nueva ley permite que el consejo de administración de una gran empresa pueda aprobar el cambio de sede a cualquier lugar de España sin consultarlo a la junta. El cambio legislativo se introdujo por presiones de algunas grandes cotizadas catalanas
contrarias a la independencia que deseaban, ante una posible secesión,
trasladar su sede a Madrid, aseguran fuentes oficiales a ABC.
Así, las empresas evitarían la posible rebelión de la junta, en el caso de que hubiera mayoría de accionistas favorables a la independencia.
Cambio de sede social
El sector financiero es el más preocupado ante la
separación de Cataluña. Como señaló el gobernador del Banco de España,
Luis María Linde, una secesión perjudicaría, sobre todo, a los bancos catalanes. Las entidades quedarían desconectadas, en ese caso, del soporte de liquidez del Banco Central Europeo.
Grandes empresas han encargado informes sobre cuál sería el escenario
en una hipotética salida de Cataluña, de cara a un «plan B».
Sin embargo, el cambio de ley no sólo afecta a Cataluña,
sino que abre la puerta a que las empresas puedan trasladar su sede a
cualquier lugar de España. La modificación, que adelantó El Confidencial, entró en el BOE después de las elecciones autonómicas.
Fuentes jurídicas señalan que la medida agiliza el cambio de sede
social en el caso de empresas asentadas en comunidades autónomas con
nuevos gobiernos. En el caso de que una región apruebe medidas
contrarias a los intereses de la compañía, esta podrá marcharse de la comunidad más fácilmente.
«La nueva ley es positiva porque da más libertad a las cotizadas, pero puede producir situaciones de abuso de los órganos de administración de firmas que no estén en Bolsa», analiza Fernando Torrente, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
