La Guardia Civil registra la Diputación de Sevilla y otras instituciones en una operación en varias provincias
efe / ep / madrid 11.11.2014 | 10:08Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran la Diputación de Sevilla en el marco de esta operación, en la que la juez Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.
La jueza Alaya dictó un auto este lunes en el que prorrogó nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la denominada operación 'Madeja', que se ha desarrollado en dos fases entre julio y diciembre de 2013 y que acumula hasta el momento 13 personas imputadas.
Fuentes de la investigación han informado de que la operación se está desarrollando en varias provincias de Andalucía y otras comunidades fruto del análisis de la documentación incautada en anteriores fases de esta operación, que instruye la juez Mercedes Alaya. Las fuentes no descartan más detenciones a la largo del día.
La Operación Madeja, que investiga presuntos pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla, es una derivada del caso Mercasevilla.
Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.
Tres personas llegaron a estar en prisión por este asunto: Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; al empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo; y a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa.
Este último quedó en libertad en enero de este año, tras rebajar la jueza a 60.000 euros la fianza de 150.000 euros que había fijado inicialmente.
En cuanto a Amores y González Baró, ambos se encuentran también el libertad bajo fianza, de 150.000 y 250.000 euros, respectivamente.
En mayo pasado, la juez levantó parcialmente el secreto respecto al exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, que habrían incrementado su patrimonio en 811.396 euros en siete años, de los que 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.
También fue imputado en este caso, Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.
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Corrucción en Andalucía del PSOE que lleva 35 años en el mismo cortijo.
