La Policía tilda de «argucia legal» el cambio del PGOU que blindó Ikea en el plan Rabasa

El informe destaca que la modificación del Plan General que buscaban Ortiz y los representantes de la multinacional se tramitó en una semana

20.09.2014 | 03:50 /El Información

La Policía tilda de «argucia legal» el cambio del PGOU que blindó Ikea en el plan Rabasa

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La Policía considera que la modificación del Plan General de Alicante para blindar en Rabasa la instalación de Ikea fue una «argucia legal» para continuar tramitando la implantación del centro comercial pese a la paralización cautelar que en ese momento pesaba sobre el plan urbanístico por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), según el informe elaborado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. La propuesta incluía una cláusula en la que se establecía que se tienen en cuenta la suspensión y que el convenio no iba a ir en contra de las resoluciones del tribunal. Esta fórmula es para la Policía una «argucia legal» para poder justificar el seguir sustanciando la tramitación de la implantación de Ikea y surgió de una reunión mantenida el 21 de enero de 2010 entre representantes de la multinacional sueca y del empresario Enrique Ortiz y el entonces jefe del servicio de Coordinación de la Gerencia de Urbanismo, José Luis Ortuño. El técnico dejó todo supeditado a que lo autorizara Sonia Castedo. Un sólo día después el técnico y la alcaldesa aparecían como firmantes de esta propuesta, que finalmente fueron refrendados por el pleno el día 29 de ese mes. La Policía considera que de esta manera se materializaba la presión ejercida para la multinacional sueca para acelerar el proceso.
El 18 de diciembre de 2009 el TSJ acordó la paralización cautelar de la tramitación del Plan Rabasa tras un recurso presentado por la Subdelegación del Gobierno, entonces de color socialista, alegando que el proyecto no garantizaba el abastecimiento de agua. El sumario recoge que la decisión judicial levantó el temor entre los representantes del Consistorio alicantino a continuar con la tramitación porque podría ser ilegal. Los representantes de la multinacional buscaban algún tipo de compromiso municipal que presentar a sus superiores para justificar el continuar trabajando en la instalación de la gran superficie en la ciudad de Alicante y concretamente en los terrenos de Rabasa.