Día 09/05/2014 - 01.59h ABC
La condena al joven que injurió a la delegada del Gobierno en Madrid, un paso más para frenar la impunidad en Internet
Cristina Cifuentes no es el único cargo público que ha sufrido injurias, amenazas o insultos a través de las redes sociales. Ni tampoco la condena a pagar 1.500 euros impuesta al joven -«Ximicomix»-
que llegó incluso a crear en Facebook una convocatoria para insultar a
la delegada del Gobierno en Madrid, es la primera que dictan los jueces
españoles en este sentido. Pero sí es indicativa de que el gratis total
para las amenazas en la red parece haber terminado.
Antes que por injuriar a Cifuentes ya hubo condena en octubre del pasado año a quien hizo lo mismo con José Antonio Monago.
Pero tampoco el caso del presidente extremeño o de la delegada del
Gobierno son los primeros en las redes. Al igual que Cifuentes o Monago,
otros cargos políticos como la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre; o Elena Valenciano,
ahora candidata del PSOE a las europeas, sufrieron una nutrida andanada
de insultos vejatorios, descalificaciones y amenazas personales contra
ellos y sus familiares.
Ni siquiera los políticos son los únicos que se han visto expuestos al ataque anónimo o sectario. Alejandro Sanz ya
denunció en 2010 haber sido víctima de una campaña de acoso a través de
Twitter por parte de los chavistas, similar -aseguró entonces- al que
vivió Juanes. Igual que ellos, Andrés Calamaro o Russian Red, y hasta Kylie Minogue o Miley Cyrus, han sido víctimas de lo peor de las redes sociales. Y junto a ellos, periodistas como Juan Carlos Girauta, articulista de ABC; María Escario, de RTVE, o Santiago Segurola, de «Marca».
No solo los personajes públicos
Roberto Fernández es el jefe de la Sección Operativa de Redes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y confirma que «el incremento del uso de las nuevas tecnologías ha traído un aumento de los delitos relacionados con ellas. Las amenazas, injurias o calumnias que sufren los famosos son más conocidas. Pero se dan en todos los ámbitos,
en el laboral, en el personal y en el de parejas o exparejas. Aún no
tenemos suficientes datos para establecer un patrón de comportamiento de
quienes usan las redes sociales para acosar a otras personas, pero sí
es cierto que todos están convencidos de que tienen impunidad».
En esta sociedad digital, todo deja rastro.
Pero aunque la pista esté ahí, no siempre es fácil de seguir. Roberto
Fernández hace hincapié en las trabas con las que muchas veces se
encuentra su equipo en las investigaciones. «Por un lado están las
técnicas, cuando los acosadores toman precauciones como la ocultación de
la IP o la navegación oculta; y por otro están las legales. Acceder
a determinados datos técnicos cuando hay que pedirlos a empresas
extranjeras, como las norteamericanas, no siempre es fácil. Se
rigen por las leyes de su país y hay que pedir una comisión rogatoria a
sus jueces, lo que lleva tiempo». Afortunadamente, continúa explicando
el jefe de la Sección Operativa de Redes, «este tipo de acosadores no
suele llegar a más. Son personas muy impulsivas que se quedan en la
violencia verbal. Ahora bien, sí es necesario recalcar la importancia del tipo de información que la gente cuelga en las redes.
No siempre se es consciente del peligro que supone que personas
desconocidas conozcan ubicaciones, fotos de familia, lugares de
vacaciones o diversión».
El aviso va especialmente dirigido a las jóvenes españolas. Porque en el estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género «La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género»,
publicado en noviembre del pasado año, se desvelaba que hasta el 67,1 %
de las chicas afirmaban haber sido víctima de insultos a través de las
nuevas tecnologías, y el 36% haber recibido algún mensaje que les ha hecho «sentir miedo».
