Los expertos que iniciaron este miércoles las comparecencias en el Congreso
para valorar las medidas anticorrupción propuestas por el Gobierno
quieren ir mucho más allá para poder combatir estas conductas.
Especialmente duro con la actual situación fue el fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce,
quien lamentó la falta de medios legales, materiales y personales y la
ausencia de mecanismo de acceso a bases de datos públicos para poder
combatir la corrupción. “Legislación insuficiente, enrevesada y con
penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”,
“actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y
sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”,
“indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de
sentencias”, son algunas de las disfunciones demoledoras que
Torres-Dulce denunció ante la Comisión Constitucional y que llevan a la
sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”.
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