editorial 08.02.2014 | 23:18 /Información (Alicante) A nadie agrada liquidar impuestos y menos a los españoles. La percepción de que los poderosos gozan de impunidad y el despilfarro de los últimos tiempos han afianzado este sentimiento en el contribuyente.
Portugal aprobó el pasado jueves una lotería estatal insólita. La llaman La factura de la suerte y va a repartir importantes sumas y coches de lujo. Para participar, he aquí lo original, los ciudadanos no deben comprar boletos, sino mostrar cada semana las facturas que hayan abonado por cualquier servicio, desde comidas en restaurantes, a recibos de la luz o del teléfono. Cuanto mayor sea la cantidad acumulada, más cupones reciben para el sorteo. Es una peculiar manera de estimular las remuneraciones legales que revela hasta qué punto, casi cómico, ha llegado la desesperación de los lusos por combatir la economía sumergida. Les sobran razones. El equivalente a un 25% del PIB portugués se mueve en dinero negro.
España todavía gana por un punto al vecino ibérico, según el último de los cálculos conocidos. Unos 253.000 millones de euros anuales (el 26% del PIB nacional) escapan en este país al control del fisco, de los cuales 25.870 millones (el 26,5%) corresponden a la Comunidad Valenciana. La riqueza generada por este tipo de actividades paralelas creció un 33% desde 2008. Somos los campeones de la caja B. La sociedad y los dirigentes parece asumirlo como un hecho natural e inevitable. Entre los muchos cambios de mentalidad que necesitan arraigar en la digestión de las experiencias de esta dolorosa crisis, la intolerancia con los defraudadores debe figurar de los primeros.
Algunos expertos aseveran que con seis millones de parados –la cuarta parte de la población activa– sólo la llamada economía informal explica que no se hayan producido revueltas populares. La comprensible desesperación de muchas familias, empujadas a buscar recursos para su supervivencia por cualquier vía, no puede justificar tanta indiferencia ante unas prácticas que están adquiriendo magnitudes descomunales y con las que al final perdemos casi todos.
Los alemanes o los suecos tampoco son perfectos. El tesorero del partido de Angela Merkel, canciller tenida por símbolo de la rectitud, fue implicado esta semana en un caso de ocultación de bienes. La diferencia radica en que allí quien asume estos manejos queda marcado y aquí recibe casi tratamiento de héroe. La mitad de los españoles es benevolente con las trampas fiscales, según reflejan las encuestas. Y las multitudes acuden a los juzgados para vitorear a deportistas o cantantes que evaden sus fortunas. Al margen de la dureza extrema de la recesión, hay un poso cultural y de valores en todo esto, el de un país que eleva a virtud la pillería y toma por lelo a quien renuncia a la argucia que le beneficia.
Si las sumas movidas hoy en la Comunidad Valenciana bajo manga en compras sin IVA o desembolsos en negro pasasen a tributar, la Gereralitat incrementaría su recaudación de forma considerable y podría sufragar algunos de los servicios esenciales que ahora están padeciendo severos recortes. No es para tomarlo a broma. ¿Quién resulta damnificado? El conjunto de los valencianos, que ve peligrar su Estado del Bienestar pudiendo en realidad sostenerlo con holgura. Pierden los ciudadanos que ven dispararse el paro por la competencia desleal de los ventajistas. No existe país o región viable de esta manera.
