EL MUNDO, 16 de enero 2014
El fiscal Pedro Horrach ha presentado un nuevo escrito en el que acusa abiertamente al juez José Castro de urdir una "teoría conspiratoria" para imputar a la Infanta Cristina con el fin de atribuirle un delito fiscal.
Por ello solicita que, "con carácter previo a la declaración de Doña Cristina de Borbón deviene imprescindible" (el próximo 8 de febrero), la declaración "como peritos" de los inspectores de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes en los que exoneran a la hija del Rey de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Tal y como reveló EL MUNDO y ratificó el juez Castro en el auto de imputación de la Infanta Cristina, Hacienda dio por buenas tres facturas falsas por importe de 69.900 euros para librar a Cristina de Borbón de un delito fiscal en su sociedad familiar Aizoon en el ejercicio 2007.
El fiscal sostiene en su escrito que para urdir "la tesis inculpatoria" contra Cristina de Borbón el juez Castro ha utilizado los informes de estos inspectores, "que han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional".
El representante del Ministerio Público recuerda a Castro que "las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento penal equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación". En este sentido, sostiene que "ni se puede ni se debe, de acuerdo con los principios básicos del Derecho Penal, articular una imputación".
"De otro modo, se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos".
No obstante, el fiscal Horrach confirma que las referidas facturas de 69.900 euros "son simuladas" pero que, pese a ello, pueden considerarse "deducibles".
Por último, pide también la declaración de la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que ha investigado durante los últimos meses los gastos de la hija del Rey con cargo a su sociedad Aizoon y la de los representantes de las empresas privadas que pagaron a esta entidad más de un millón de euros por asesorías ficticias.
El fiscal Pedro Horrach ha presentado un nuevo escrito en el que acusa abiertamente al juez José Castro de urdir una "teoría conspiratoria" para imputar a la Infanta Cristina con el fin de atribuirle un delito fiscal.
Por ello solicita que, "con carácter previo a la declaración de Doña Cristina de Borbón deviene imprescindible" (el próximo 8 de febrero), la declaración "como peritos" de los inspectores de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes en los que exoneran a la hija del Rey de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Tal y como reveló EL MUNDO y ratificó el juez Castro en el auto de imputación de la Infanta Cristina, Hacienda dio por buenas tres facturas falsas por importe de 69.900 euros para librar a Cristina de Borbón de un delito fiscal en su sociedad familiar Aizoon en el ejercicio 2007.
El fiscal sostiene en su escrito que para urdir "la tesis inculpatoria" contra Cristina de Borbón el juez Castro ha utilizado los informes de estos inspectores, "que han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional".
El representante del Ministerio Público recuerda a Castro que "las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento penal equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación". En este sentido, sostiene que "ni se puede ni se debe, de acuerdo con los principios básicos del Derecho Penal, articular una imputación".
"De otro modo, se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos".
No obstante, el fiscal Horrach confirma que las referidas facturas de 69.900 euros "son simuladas" pero que, pese a ello, pueden considerarse "deducibles".
Por último, pide también la declaración de la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que ha investigado durante los últimos meses los gastos de la hija del Rey con cargo a su sociedad Aizoon y la de los representantes de las empresas privadas que pagaron a esta entidad más de un millón de euros por asesorías ficticias.
