El juez procesa al exalcalde de Alicante, a dos empresarios por ayudarle a defraudar dinero a Hacienda y archiva la causa para un tercero El exprimer edil y el gerente de Marina Deportiva están acusados además de cohecho impropio por el amarre del barco del diputado del PP
josé antonio martínez 14.12.2013 | 00:16Información El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investigaba si el exalcalde de Alicante y diputado autonómico en las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, había cometido delitos contra la Hacienda Pública ha dado por concluida la instrucción y dictado auto de incoación de procedimiento abreviado, colocando al exprimer edil al borde del banquillo. El juez de la Sala Civil y Penal, Antonio Ferrer, atribuye a Alperi tres delitos contra la Hacienda Pública (en 2007, 2008 y 2010) y procesa también a los empresarios Antonio Moreno y Antonio Solana por haber ayudado al exalcalde a cometer el fraude, según el auto difundido ayer por el TSJ. Para garantizar que paguen las multas en el caso de una hipotética condena, el juez les reclama el pago de una fianza de 1,4 millones en el caso de Alperi, de 900.000 euros para Moreno y de 625.000 para Solana. Asimismo, tanto Alperi como el gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, en caso de concluirse el proceso, serían juzgados también por cohecho impropio por no cobrar cantidad ninguna al primero por el amarre de su catamarán en las instalaciones. El juez ha archivado la causa para otro de los empresarios imputados, José Contreras, al entender que no hay base para atribuirle una participación directa en el delito fiscal. En estos momentos, Alperi tiene abierta otra investigación en el TSJ por las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante; mientras que en un juzgado de esta ciudad está por arrancar otra denuncia por el Plan Rabasa.
El auto judicial, contra el que cabe la posibilidad de recurso, pone a los imputados al borde del banquillo. El magistrado ha trasladado lo actuado tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para que soliciten si se abre juicio oral y presenten sus respectivos escritos de acusación, o bien el sobreseimiento, o bien la práctica de diligencias complementarias.
Las fianzas que ahora señala el juez fueron solicitadas por la Agencia Tributaria. El magistrado valora que los hechos investigados «hacen temer que ante una condena», los investigados hagan maniobras que «podrían dificultar, cuando no imposibilitar, la ejecución de la resolución que pueda recaer». Asimismo, incide en que precisamente la investigación de la Agencia Tributaria determina que los acusados tienen «solvencia».
