“Mi nombre es Baldassare G. G. Voy a cumplir 45 años. Estoy casado y tengo dos hijos. Soy peluquero y productor fotovoltaico en fase terminal. Verán por qué”. Con este arranque de terapia de grupo, Baldo, un peluquero de Alicante en graves apuros económicos, envió hace dos semanas un correo electrónico a los 350 diputados y 208 senadores de España. Quería contarles su caso, el de un peluquero que solo debía 19.000 euros al banco hace seis años y que decidió empeñar sus ahorros y su casa en una minihuerta solar con la que aspiraba a una jubilación tranquila. Se trataba de poder comprar una caravana —“como los guiris”— y de ir de aquí para allá con su mujer. Nada excesivo. Su carta personifica el calvario de 30.000 pequeños inversores en huertos solares que confiaron sus ahorros a un proyecto garantizado por el Estado que poco a poco les está dejando en la ruina. Ninguno de los diputados o senadores le ha contestado. Ni un acuse de recibo.
Baldo creyó que invertir en una minihuerta solar de 100 kilovatios, suficiente para abastecer de energía a 22 casas, podría ser un buen complemento a su trabajo en la peluquería familiar. Sus placas ocupan dos hectáreas de un antiguo viñedo de la sierra de El Carche en Jumilla (Murcia). “El sol puede ser suyo”, rezaba una promoción del Ministerio de Industria de 2005, en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía verde. La realidad ha sido distinta. “Mi rentabilidad era de un 9%. Llevo seis años sin ver un duro, solamente nos daba para la cuota de los préstamos. Ya no puedo pagar más, estoy en descubierto”.
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En el Paraje La Jeresa de Lorca (Murcia), la mitad de los 418 socios de un huerto solar ya han dejado de pagar las letras. “Estamos al borde de la expropiación”, resume Antonio Alcázar, representante e integrante de esta cooperativa. Alcázar, de 40 años y padre de dos hijos, se lamenta de no haberse conformado con los imprevistos de cultivar brócoli, alcachofas o lechugas. “Esto no es para nosotros”, se lamenta. La energía fotovoltaica cubre el 3% de la demanda eléctrica de España. La mayoría del los afectados son agricultores y ganaderos La sede de Anpier comparte edificio con numerosas organizaciones agrarias. “Esta gente no fue a buscar el pelotazo, sino un complemento de renta”, puntualizan desde el colectivo. Lo veían como una inversión segura, con la garantía del Estado, por lo que pensaron que podía servir como plan de pensiones, o para diversificar su dedicación al campo o a los animales. “Era cosa de no poner todos los huevos en una misma cesta”, resume Pedro Carrión, dueño de una finca agrícola en Jumilla (Murcia). Casado y con dos hijos, entregó sus ahorros, 30.000 euros, para adquirir una instalación que costaba 300.0000 euros. El banco le pidió “hasta la talla de pantalón” para asumir el resto y puso a sus padres, ya jubilados, como avalistas. En su huerto solar, formado por unos 40 agricultores, ya ha habido varias ventas. “No sacamos para pagar la letra”, afirma. Carrión acaba de ingresar en el banco 10.000 euros, producto de la última cosecha de fruta. Según sus cálculos, ese dinero le permitirá aguantar unos cuantos meses más. Miembros de diferentes huertos consultados aseguran que han intentado negociar con los bancos un cambio en las condiciones de sus préstamos, pero que las entidades prefieren ir caso por caso. Lo único que les ofrecen son refinanciaciones, que supondrán terminar de pagar los créditos fuera de la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas y pagar unos intereses más altos (pasarían del 4% que tienen contratado al 8%).
