Hay que acabar con el blindaje de los políticos ante el delito
EDITORIAL 21.07.2013 | 08:03/InformaciónEn una España aturdida por los escándalos de corrupción, el clamor por medidas ejemplares choca con muchas leyes, demasiadas, y de muy difícil aplicación práctica. La financiación ilegal en que puede haber incurrido el PP, por superar los máximos permitidos si se confirman las denuncias de Bárcenas ante el juez Ruz, no está tipificada como delito en el Código Penal. Lo mismo ocurre con el cobro de sobresueldos, incompatibles en el caso de altos cargos de la Administración o miembros del Gobierno. El castigo para este tipo de actuaciones se limita a sanciones de naturaleza administrativa. La financiación ilegal prescribe, además, a los cuatro años cuando el Tribunal de Cuentas suele tardar cinco en emitir sus informes. El caso del PP no es una excepción. Los políticos son los que en definitiva hacen las leyes que les convienen a ellos.
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