Como ambos políticos del PP son aforados, si el juez Castro entendiera finalmente que hay indicios suficientes contra ambos dirigentes, debería inhibirse en la parte de la investigación referida a la Comunidad Valenciana y remitir este asunto al Tribunal Superior de Justicia de esa autonomía.
La declaración de Urdangarin ante el juez José Castro del pasado 23 de febrero, cuya transcripción adelantó ayer la edición digital de EL PAÍS, coloca a los dos dirigentes del PP valenciano en situación similar a la del expresidente balear Jaume Matas, ya imputado en el caso Nóos por dar adjudicaciones a dedo.
Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas —los dos eventos Valencia Summit y la preparación de unos Juegos Europeos en esa comunidad— tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron esos proyectos sin concurso público alguno.
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Al Duque Empalmado no se le podía negar nada. Barberá, Camps y Jaume Matas fueron victimas del poder real, celestial de la Casa Real y su recomendados. Negarse a dar favores suponía una condena de honor.