Un juez paraliza un desahucio en Alicante al acogerse los afectados a la nueva ley
Stop Desahucios reclamó la paralización inmediata del desalojo alegando que se trataba de una familia numerosa
J. A. M.
Un juzgado de Alicante paralizó ayer el desahucio previsto para hoy de
una familia que se acogió a la nueva normativa aprobada por el Gobierno
en esta materia, según confirmaron ayer fuentes de la Plataforma Stop
Desahucios y del Palacio de Justicia de Benalúa. Aunque no es el primero
que se paraliza en la provincia al amparo dela nueva normativa, sí que
es el primer caso que se da en la capital de la provincia.
El desalojo estaba previsto para hoy por la mañana en la calle Senador Roque Calpena, en la barriada alicantina de Virgen del Remedio. Stop Desahucios tenía una concentración convocada a primera hora para evitar que la comisión judicial dejara en la calle a este matrimonio y sus cuatro hijos. Miembros de la plataforma se presentaron ayer en el juzgado para intentar la paralización in extremis de esta medida. Los letrados de este colectivo presentaron un escrito por el que los afectados se acogían al nuevo decreto que regulará los desahucios. Concretamente se planteaba que se trata de una familia numerosa, con uno de sus hijos menor de tres años. Los miembros de la plataforma se encontraron con que en ese juzgados estaban celebrando juicios, motivo por el que se quedaron esperando a que terminaran para presentar oficialmente la petición.
El juzgado ha paralizado el procedimiento tras recibir el escrito y en los próximos días la familia deberá presentar documentación que acredite su situación. Desde la plataforma se incidió en que el proceso de desalojo queda de esta manera suspendido durante dos años, aunque el problema que se va a generar ahora serán los intereses que se van a generar durante este tiempo, "un aspecto del que no se está hablando".
Otra de jueces de España
Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
El desalojo estaba previsto para hoy por la mañana en la calle Senador Roque Calpena, en la barriada alicantina de Virgen del Remedio. Stop Desahucios tenía una concentración convocada a primera hora para evitar que la comisión judicial dejara en la calle a este matrimonio y sus cuatro hijos. Miembros de la plataforma se presentaron ayer en el juzgado para intentar la paralización in extremis de esta medida. Los letrados de este colectivo presentaron un escrito por el que los afectados se acogían al nuevo decreto que regulará los desahucios. Concretamente se planteaba que se trata de una familia numerosa, con uno de sus hijos menor de tres años. Los miembros de la plataforma se encontraron con que en ese juzgados estaban celebrando juicios, motivo por el que se quedaron esperando a que terminaran para presentar oficialmente la petición.
El juzgado ha paralizado el procedimiento tras recibir el escrito y en los próximos días la familia deberá presentar documentación que acredite su situación. Desde la plataforma se incidió en que el proceso de desalojo queda de esta manera suspendido durante dos años, aunque el problema que se va a generar ahora serán los intereses que se van a generar durante este tiempo, "un aspecto del que no se está hablando".
Otra de jueces de España
Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
