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El Ejecutivo ha aprobado también paralizar durante dos años el proceso de alzamiento de las viviendas de los afectados por desahucios que estén en una situación especialmente vulnerable. La bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.
Esta medida protegerá a las familias numerosas, a aquellas
unidades monoparentales con dos hijos al cargo, las familias con un hijo
mejor de tres años, con alguno de sus miembros con discapacidad igual o
superior al 33%, cuando el deudor esté en una situación de desempleo y
haya agotado todas las prestaciones o en los casos donde haya una
víctima de violencia de género en la unidad familiar.
El conjunto de los ingresos, ha explicado el ministro
de Economía, Luis de Guindos, no podrá superar tres veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (1.598 euros al mes, es decir,
19.164 euros anuales). También se procederá a la moratoria de dos años
cuando se haya producido una «alteración significativa en los ingresos
familiares» o cuando la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos
netos.
Se entenderá que hay una alteración significativa cuando el
peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50% en
los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50% de los
ingresos netos.
El objetivo del Gobierno es que nadie se quede sin vivienda.
Por ese motivo, la dación en pago no entra en los planes del Ejecutivo.
«Es una solución de último recurso», ha explicado De Guindos. Ha
añadido que esa medida significa entregar las llaves de la vivienda.
Madrid, 15 de noviembre.
Madrid, 15 de noviembre.
