El Gobierno modificará la Ley de Extranjería para controlar el posible abuso de los casi 500.000 inmigrantes que cada año se benefician de una Sanidad Pública española sin coste alguno para sus países de origen. La ministra Ana Mato anunció ayer tras el Consejo de Ministros que el empadronamiento ya no servirá para que los inmigrantes accedan directamente a la tarjeta sanitaria. “A partir de ahora, a la hora de empadronarse se le pedirán una serie de requisitos”, apostilló. Según el informe del Tribunal de Cuentas en el que la responsable de Sanidad basó sus palabras y al que ha tenido acceso El Confidencial, solo rumanos, ecuatorianos y marroquíes 'se comen' siete de cada diez euros que Sanidad invierte en inmigrantes sin recursos: 315 millones de euros para cubrir la asistencia médica de unas 300.000 personas. (Ver cuadro global).El erario público destina 451 millones de euros cada año para cubrir la asistencia médica a los extranjeros que alegan no tener recursos económicos suficientes. Según la exhaustiva investigación, a 15 de junio de 2010 en España residían 453.349 personas “sin recursos económicos suficientes” a las que se les reconoció el derecho a la asistencia sanitaria.
Para todas aquellas personas que se cobijaran bajo este paraguas, España se comprometía a no recibir ningún recurso financiero de sus países de origen por la atención médica. El ministerio hizo la ley, y los inmigrantes hicieron la trampa.El análisis del Tribunal de Cuentas detectó que muchos de estos inmigrantes incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que venían "exclusivamente a España a recibir atención sanitaria”. Uno de los problemas que plantea el acceso a las prestaciones sanitarias a través de la figura jurídica de “persona sin recursos económicos suficientes”, siempre a juicio del informe, es el riesgo de utilización de la misma por parte de personas que sí cuentan con dichos recursos económicos, bien que están “o deberían estar” aseguradas por la Seguridad Social de otros países y utilizan indebidamente esta figura para acceder a prestaciones sanitarias gratuitas en España.
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