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En España, muchos funcionarios, policías y militares se ven obligados a vivir en régimen de alquiler en los lugares donde son destinados, sin opción a residencias oficiales como casas-cuarteles o pabellones institucionales. Esta situación genera diversas complicaciones, especialmente cuando el propietario de la vivienda decide, por razones personales o económicos, recuperar el piso.
Es común que los dueños aleguen necesidades familiares, como la llegada de un hijo que se casa o un familiar cercano que requiere el inmueble. En estos casos, el inquilino se ve forzado a buscar otra vivienda, muchas veces en condiciones más costosas o menos adecuadas. Esta incertidumbre habitacional afecta la estabilidad de estos profesionales, quienes, debido a la naturaleza de su trabajo, ya enfrentan cambios constantes de residencia.
Otro problema significativo surge al llegar la jubilación. Con una pensión reducida y un mercado inmobiliario donde los alquileres aumentan año tras año, muchos jubilados enfrentan serias dificultades para mantener su vivienda. Lo que en su etapa activa podían costear sin problemas, en la jubilación se convierte en una carga insostenible.
Ante esta realidad, la mejor opción en España parece ser la compra de una vivienda en propiedad. Adquirir una vivienda a través de una hipoteca permite garantizar un techo estable para la jubilación, evitando la incertidumbre del alquiler y proporcionando la tranquilidad de un hogar propio. De esta manera, se pasa de una vida nómada, marcada por los desplazamientos y la inestabilidad, a una existencia más estable y segura.
Vivir de alquiler es tirar el dinero. Cuando compras inviertes en un bien inmobiliario que con el tiempo puedes dejar como herencia a tus descendientes.
LA VIVIENDA PUBLICA DE ALQUILER (no existen)
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En España, la vivienda pública de alquiler se gestiona a través de diversas administraciones públicas, incluyendo ayuntamientos y comunidades autónomas. En Alicante, el Patronato Municipal de la Vivienda es el encargado de administrar y adjudicar estas viviendas. Para acceder a una vivienda pública en régimen de alquiler, es necesario inscribirse en el Censo de Demandantes de Vivienda Pública en Arrendamiento. Este censo está abierto de manera permanente, y las adjudicaciones se realizan según la disponibilidad y los criterios establecidos en las bases generales de la convocatoria.
Además, el Ayuntamiento de Alicante ofrece programas específicos, como el Programa Municipal de Emancipación para Jóvenes y el Programa Municipal de Arrendamiento Intergeneracional para Jóvenes y Mayores, que forman parte de la oferta de vivienda social en la ciudad.
Para obtener más información o iniciar el proceso de inscripción, puede contactar con el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, ubicado en la Plaza Santísima Faz, 5, 03002 Alicante. Es recomendable solicitar cita previa a través de su página web o llamando a los números de teléfono..., en horario de atención de 09:00 a 13:00 horas.
A nivel nacional, el Gobierno de España ha anunciado recientemente un paquete de 12 medidas para abordar el problema de la vivienda, incluyendo la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb a una nueva empresa pública de vivienda y la creación de sistemas de garantías públicas para proteger tanto a propietarios como a inquilinos.
Sabemos que los bloques con viviendas públicas de alquiler se convierten en guetos urbanos o barrios marginales, que no es lo mejor para el prestigio de la familia.
La Inseguridad Jurídica del Alquiler en España
Hace algunos años, invertir en bienes inmuebles para alquilar era una opción rentable y segura. Sin embargo, en la actualidad, muchos propietarios particulares sienten temor a poner sus viviendas en alquiler debido a la legislación española, que protege a inquilinos en situación de vulnerabilidad, dificultando los desahucios.
Esta protección, aunque bienintencionada, genera un problema grave para los propietarios. Si un inquilino deja de pagar el alquiler y se encuentra en una situación vulnerable (por ejemplo, si tiene hijos pequeños, está desempleado, es anciano o sufre una enfermedad), los tribunales pueden impedir su desalojo durante años. En estos casos, el dueño del inmueble no solo deja de percibir ingresos, sino que además debe afrontar costosos procesos legales y, en muchos casos, cuando finalmente recupera la vivienda, esta se encuentra en mal estado. Pero es que además si el inquilino no paga luz y electricidad lo tienes que pagar porque la cortan. Si el propietario le cortas el agua y la luz te pueden denunciar por coacciones. Al final se convierte en un piso de ocupas.
En contraste, si la vivienda pertenece a una entidad pública, el impago de la renta no representa el mismo problema, ya que el Estado puede asumir esas pérdidas sin comprometer su estabilidad financiera. El precio del alquiler se mantiene alto porque así lo exigen las inmobiliarias, para gana mayor comisión y ademas impedir el acceso a los potenciales morosos y jóvenes de bolsillos planos.
Ante este panorama, muchos propietarios optan por no alquilar o buscan alternativas más seguras, como el alquiler turístico o la venta directa. Para fomentar nuevamente la inversión en vivienda para alquiler, sería necesario un equilibrio entre la protección de los inquilinos vulnerables y la seguridad jurídica de los propietarios, garantizando procedimientos más ágiles y efectivos para resolver los conflictos de impago.
