Un Real Decreto de blindaje judicial: maniobra propia de dictadores
Con el pretexto de «plantar cara al acoso de los ultras», en palabras del ministro Félix Bolaños, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado un paso más en su estrategia legislativa para protegerse frente a la creciente presión judicial. Ayer, el partido registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley destinada a poner coto al supuesto «acoso judicial» que, según argumentan, está siendo promovido por sectores extremistas. Bajo el eslogan de garantizar la «protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», el Gobierno busca implementar una reforma que, en realidad, se percibe como un intento de blindar su posición y dificultar la fiscalización por parte de la justicia. No podrán usarse recorte de prensa ni acusación particular. Esto pretende un camino hacia la impunidad.
Blindaje judicial como respuesta al cerco de investigaciones
Las investigaciones judiciales que salpican al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han convertido en un catalizador para la actividad legislativa del Ejecutivo. Este nuevo intento de reforma judicial se suma a un «Plan de acción para la democracia» que Sánchez anunció tras sus cinco días de reflexión. Dicho plan incluía medidas controvertidas, como el aumento del control sobre los medios de comunicación bajo el pretexto de combatir las denominadas «fake news». Ahora, el Gobierno avanza en un nuevo frente, rediseñando las reglas del juego judicial con el fin de neutralizar las causas que involucran directamente a familiares de Sánchez y figuras clave como el fiscal general del Estado. Begoña Sánchez ya no puede salir de la Moncloa.
No obstante, este blindaje procesal requiere el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno, cuyos votos son esenciales para que la propuesta prospere. Aunque estos aliados han expresado suspicacias sobre las formas en las que se mueve el Ejecutivo, la experiencia sugiere que terminarán alineándose con el PSOE. Las críticas iniciales suelen diluirse cuando llega el momento de votar, ya sea por intereses estratégicos o por su dependencia del Gobierno para mantener cuotas de poder.
Limitación del papel de las acusaciones populares: un golpe a la democracia
Uno de los aspectos más alarmantes de la propuesta es la intención de limitar el papel de las acusaciones populares, una figura fundamental para garantizar la vigilancia ciudadana sobre el poder. Estas acusaciones han sido el motor de las investigaciones judiciales que actualmente amenazan al círculo más cercano de Pedro Sánchez. En lugar de aceptar la fiscalización como un ejercicio democrático, el Gobierno opta por desactivar este mecanismo con reformas que podrían ser inconstitucionales, según expertos en derecho.
Esta maniobra evidencia que el Gobierno reconoce tener «la hiena dentro de casa». Los escándalos que lo rodean –tráfico de influencias, nepotismo, supuesta corrupción y enchufismo– no son rumores infundados, sino problemas estructurales que buscan ser enterrados bajo un manto de reformas legislativas. Más que una defensa de los derechos fundamentales, este proyecto parece diseñado para proteger intereses particulares y evitar que el escrutinio judicial afecte a quienes ostentan el poder.
La ética política ausente: complicidad entre Gobierno y socios
Los socios del Gobierno, aunque críticos en ocasiones, terminan mirando hacia otro lado cuando se trata de apoyar estas iniciativas. Su respaldo constante, pese a las dudas que expresan públicamente, demuestra que la verdad y la ética política no son prioritarias para ellos. La complicidad se basa en la conveniencia, y mientras se mantenga el equilibrio de poder que beneficia a ambas partes, no existe un interés real en exigir transparencia ni en poner freno a estas maniobras.
Las pruebas presentadas en los casos de corrupción o nepotismo parecen no tener peso en el discurso político dominante. La indiferencia hacia la verdad –ilustrada en la incapacidad de «ver ni la O en un canuto»– no solo refleja el deterioro de los valores democráticos, sino que también alimenta un clima de desconfianza generalizada hacia las instituciones.
Conclusión
El Real Decreto de blindaje judicial que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez no es solo una medida controvertida; es un golpe directo a los principios fundamentales de la democracia española. Bajo el pretexto de combatir un supuesto acoso judicial, el Ejecutivo busca desactivar investigaciones legítimas y proteger a su entorno más cercano. (Yo soy la Ley, La Fiscalía y Franco) Esta estrategia, propia de regímenes autoritarios, plantea preguntas inquietantes sobre el respeto a la separación de poderes y la salud de la democracia en España. El coste político y social de estas maniobras puede ser incalculable, y el tiempo dirá si los ciudadanos están dispuestos a aceptar este retroceso sin exigir rendición de cuentas.
