El PSOE lanza una ley que permite archivar las causas a la mujer y el hermano de Sánchez
La
proposición, a la que Junts ya anuncia su rechazo, restringe la acción
popular, amplía el marco para recusar jueces y se aplicará a "procesos
en curso".
El Gobierno llevaba meses, desde que en abril del pasado año el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, hablando de una campaña de acoso judicial orquestada por la derecha y la ultraderecha en su contra. Ahora, el PSOE ha dado un paso de calado para tratar de neutralizar, a través de una reforma legal, el recorrido de las dos causas propulsadas por la acción popular, única parte acusadora contra Begoña Gómez y en el procedimiento por el que está imputado también David Sánchez, el hermano del presidente.
Ley Begoña del PSOE
La semana pasada, el PSOE registró una proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados para amordazar a los jueces y las acusaciones populares tiene un objetivo claro: salvar a su mujer y a su hermano de sus imputaciones delictivas.
La disposición transitoria única incluida en esta norma dispone que los cambios que introduce se aplicarán «a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor». Teniendo en cuenta que, al tratarse de una proposición de ley, todos los trámites para su aprobación se agilizan, esta maniobra del PSOE podrá aplicarse a las investigaciones que han acabado con Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado imputado
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EL PP NO DESCARTA SALIA A LA CALLE EN MANIFESTACIONES
El partido de Alberto Núñez Feijóo prepara una ofensiva total contra el PSOE en este sentido y avisa de que dará una respuesta “a la altura de la preocupación por la ley de Amnistía”, según fuentes de la dirección nacional. La citada ley que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados podría facilitar el archivo de las causas que hoy investiga la Justicia como el caso “Begoña Gómez” o el caso sobre el hermano del presidente Pedro Sánchez puesto que excluiría que los procedimientos penales pudiesen abrirse en base recortes de prensa, como el primero.
El Comité de Dirección ha abordado este lunes los casos de corrupción que cercan al PSOE y analiza que el presidente del Gobierno “está desesperado” y que lejos de querer “acabar con la corrupción” busca “neutralizarla”. Así, el partido prevé “tomarse en serio” estos asuntos y ya avisan de que “contra este atropello democrático”, el partido impulsará “todas las iniciativas, de orden político, de orden institucional y de orden social”, en palabras del portavoz nacional, Borja Sémper. En el partido no descartan así ni manifestaciones en la calle, ni tampoco un recurso de inconstitucionalidad.
Eso sí, el partido esperará todavía para emprender su ofensiva social. Una diferencia de facto con la estrategia que siguió el partido cuando el Gobierno comenzó a negociar la Ley de Amnistía con los partidos independentistas, que salió a la calle antes incluso de que la ley fuera registrada en el Congreso.
En estos momentos, en el partido imponen calma. Quieren primero a conocer cuáles serán los pasos que seguirán los socios de Sánchez en el Congreso. Junts ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. Sumar, socio en Moncloa, y Podemos también han expresado su malestar con la proposición de ley sobre la acusación popular, mientras que ERC y PNV estudian su posición. Sí el rechazo a la ley socialista recaba el apoyo total de los socios, volverá a repetirse la imagen de un gobierno incapaz de mantener su mayoría en el Congreso.
"No podemos permitir que se resquebraje el Estado de Derecho, no podemos permitir un nuevo clavo más en el ataúd de la igualdad entre españoles", advirtió Sémper. En el partido creen que Sánchez “no busca justicia, busca impunidad” y ven con la ley un intento de permitir “retroactivamente” que se concedan “amnistías”.
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Junts ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE que propone prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, por considerar que es "insuficiente, limitada y no aborda el problema de fondo". Una decisión que podría implicar mayor presión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la moción de confianza y favorecer a Carles Puigdemont.
El PSOE registró el pasado este viernes una proposición de ley que incluye entre otras esas medidas y con la que pretende garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de "acciones judiciales abusivas". Posteriormente, JxCat informó sobre su intención de enmendar la iniciativa socialista porque cree que "no soluciona el problema estructural del Estado español y se aleja de una verdadera regeneración democrática".
El 'lawfare' y la politización de la Justicia, según la formación catalana, han afectado a los independentistas "durante años". "Si los socialistas hubieran actuado antes y no hubieran mirado hacia otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente", asegura Junts.
La decisión llegará a la Mesa del Congreso el jueves, un encuentro que tiene el foco puesto en la iniciativa de Junts que reta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, cuya admisión o no a trámite fue pospuesta por el PSOE y Sumar el pasado mes de diciembre.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había tildado de “inconstitucional” la propuesta del PSOE para limitar las acusaciones populares, la cual había tildado de “más propia del régimen de Franco”. En una entrevista en "Más de Uno" en Onda Cero, el líder de la oposición advirtió de que con la iniciativa se pasaba de "colaborar con la Justicia", como decía el presidente del Gobierno a decir "la Justicia a los efectos de mi familia no puede actuar".
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¿Quiénes pueden ejercer acusación particular?
Según lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está legitimado para personarse en acusación particular quien sea afectado por un delito contra sí mismo, su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos o afines.
Estos pueden ser:
- Ciudadanos españoles o, en su defecto, representantes legales.
- Ciudadanos extranjeros, en los casos de delitos contra sus personas, bienes o representados.
- Personas jurídicas.
- Estado y organismos públicos cuando se trata de delitos vinculados por ejemplo a la vulnerabilidad de derechos establecidos en la Constitución.
- Asociaciones carentes de personalidad que han sido afectadas por un delito (sociedades irregulares, comunidad de propietarios, etc.).
Según el artículo 125 de la Constitución, "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales".
Este derecho de los ciudadanos a ejercer la acción popular toma forma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Artículo 101: "La acción penal es pública y todos los ciudadanos pueden ejercerla con arreglo a la ley".
- Artículo 270: "Todos los españoles, ofendidos o no por el delito, pueden querellarse ejerciendo la acción popular"
