La vivienda es un gravísimo problema endémico
Nueva Tribuna
Esta emergencia de país es fruto de un capitalismo y neoliberalismo feroz y de una enorme incapacidad manifiesta de la clase política.
El artículo 47 de la Constitución, en la práctica, es “papel mojado”, desde al menos hace tres décadas con diferentes gobernanzas estatal, autonómicas y municipales. Hay que recordarlo, porque es muy explícito y no da lugar a interpretaciones diversas. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”
La realidad es bien distinta, este es uno más de los derechos constitucionales que no se cumplen.
Sumando la creciente privatización de servicios públicos esenciales y la inacción política en materia de vivienda estamos en la senda de situarnos en un neoliberalismo salvaje. Si ya no lo estamos. El Estado compensador es simple teoría
Mientras tanto, políticos y políticas de toda condición e ideologías, se enzarzan en dimes y diretes, en ataques absurdos y no resuelven graves problemas como éste de la vivienda o la acelerada privatización de la sanidad pública, de los servicios sociales y de la Educación o el crecimiento de la pobreza extrema y el riesgo de exclusión social (que según EUROSTAT y diversas agencias públicas y privadas alcanzaba -a finales de 2024- a casi el 30% de la población - la más alta de la Unión Europea).
Mientras que los medios de comunicación les “siguen el juego” porque dependen de los diversos colores políticos en los que se sitúan y de, en su caso, sus capitalistas empresas. Con una ciudadanía que está adormecida, cansada… o, bien, pertenece al grupo fanático de los respectivos colores políticos, en vez de reclamar y movilizarse.
Fuerzas sociales como asociaciones vecinales, sindicatos, etc. están al servicio de los colores políticos de turno y tampoco ejercen de contrapeso político, porque la “democracia participativa”, que -en tiempos pasados- fue un objetivo fundamental de toda democracia formal, está prácticamente muerta y enterrada.
La situación de la vivienda ha llegado a límites imposibles, al menos en 150 municipios tensionados o muy tensionados, con precios que en algunas ciudades y/o barrios alcanza, en compra venta, hasta los 6.000€ el metro cuadrado o los 30€ metro cuadrado en alquiler. Incluso alquilando verdaderas pocilgas, bajos comerciales, tipo pateras, etc. etc. Así muchos jóvenes, inmigrantes o familias vulnerables es imposible que alcancen una mínima habitabilidad digna.
A los dos partidos mayoritarios (PSOE y al PP) y a sus respectivas compañías -a derecha e izquierda- o nacionalistas de toda condición, al parecer, no les interesa -electoralmente- ofrecer soluciones al gravísimo problema de la vivienda
En algunas ciudades, en el año 2024, se desplomó la oferta de vivienda en venta en hasta el 25% y en alquiler en hasta un 50%, según diversas fuentes inmobiliarias. En el conjunto del Estado se aproxima al 15% y al 30% aproximadamente.
La vivienda se ha convertido en un instrumento de inversión y especulación inmobiliaria, mucho más que en un bien y un derecho. Grandes y pequeños inversores, ya desde los años noventa del XX la utilizan para eso, para invertir y especular, mientras el Estado permanece callado, se inhibe de intervenir. Eso sí, permite y estimula que se enriquezcan grandes corporaciones y bancos. Mientras que se empobrece una gran parte de la ciudadanía.
Otra cuestión que presiona y encarece el mercado son los denominados como “pisos turísticos”. En España podrían acercarse al medio millón (351.000 reconocidos hasta finales de 2024), pero hay una parte que son totalmente clandestinos. En una ciudad de tipo medio como Málaga hay 40.000. Ello es consecuencia de una nefasta gestión público-política, en especial por dejación de los ayuntamientos. El Tribunal Supremo ha avalado, desde septiembre de 2024, que los vecinos de un inmueble, por mayoría, puedan prohibir su instalación a partir de ahora, pero no con carácter retroactivo. Es una cuestión que el Estado debe dar una solución, con fuertes impuestos, cierre de “negocios clandestinos” y poner muchas limitaciones.
Por otro lado, a los dos partidos mayoritarios (PSOE y al PP) y a sus respectivas compañías -a derecha e izquierda- o nacionalistas de toda condición, al parecer, NO les interesa -electoralmente- ofrecer soluciones al gravísimo problema de la vivienda. Porque un alto porcentaje de la ciudadanía es -ya- propietaria.
Se sienten cómodos con esta situación. Por ello no lo abordan, sólo aportan inútiles ocurrencias electoralistas además de que en la actual situación de una zafia polarización política nunca se podrán de acuerdo para llegar a un urgente y necesario Pacto de Estado entre partidos y administraciones local, autonómica y central.
El PP y el PSOE sólo confrontan intereses estrictamente partidarios y, con ello, evidentemente rascarán apoyos de sus respectivos seguidores. Pero todo parece indicar que el drama de la vivienda, les importa “una higa”, por más que lancen frases grandilocuentes y hagan promesas que luego nunca cumplen.
El actual gobierno de España lleva gobernando más de seis años con diferentes mayorías, han estado gobernando dos tercios del tiempo desde 1982 a 2024 a nivel central, autonómico y municipal y cuando pudieron ni supieron, ni quisieron
La cuestión de la vivienda, hoy, es sólo y simplemente la tragedia de una parte de la clase media y baja depauperada, sobre todo de una gran parte de jóvenes entre 18 y 35 años y de personas de toda edad con vulnerabilidad manifiesta, un importante número son inmigrantes. A las y los políticos, la mayoría bien acomodados en sus buenas viviendas y mansiones parece que “no les va ni les viene” y si, además, saben que ello no les va a hacer perder demasiados votos, más allá de asistir al enfado de unas cuantas manifestaciones dominicales: ¿Por qué van a esforzarse -realmente- en cambiar nada?
Según diferentes estudios (incluido el Banco de España) no son adecuadas ciertas políticas restrictivas, por contraproducentes en una muy consolidada economía libre de mercado, como lo es, por ejemplo, la última ley de vivienda de 24 de mayo de 2023.
Lo que tendría que hacer el Estado central, autonómico y local (estos últimos generarían, sobre todo, suelo público y gestionarían), mediante un ambicioso Pacto de Estado, es construir -al menos- hasta dos millones de viviendas (también rehabilitar, en su caso) en los próximos cinco años en los 150 municipios tensionados o muy tensionados. Serían 50% destinados a venta social tipo VPO, condicionada y otro 50%, en oferta pública en alquiler, también condicionada, gestionadas por empresas públicas municipales. Con dos objetivos claros: Acercarnos a la media de oferta pública de la UE y competir en el desmadrado mercado actual. (En España la oferta pública en alquiler no pasa del 2%, mientras que en muchos países de la UE supera el 15% y hasta el 30%, siendo la media de los países de la OCDE del 7%)
La inversión económica por parte del Estado a cinco años es asumible por las tres administraciones y, además, generaría empleo, inversión, riqueza y plusvalías. Más que un gasto, nos situaríamos en la línea de cumplir el 47 de la Constitución, además de competir en el mercado libre de venta y alquiler, consiguiendo que se equilibraran, considerablemente, los precios.
Pero mucho me temo que, con la actual clase política, de todo color y condición, va “a ser que no”, por comodidad, intereses espurios e incapacidad.
En resumen, sumando la creciente privatización de servicios públicos esenciales y la inacción política en materia de vivienda estamos en la senda de situarnos en un neoliberalismo salvaje. Si ya no lo estamos. El Estado compensador es simple teoría.
Porque si nos situamos a futuro en la esfera internacional la cuestión aun es peor. El actual gobierno de España lleva gobernando más de seis años con diferentes mayorías, han estado gobernando dos tercios del tiempo desde 1982 a 2024 a nivel central, autonómico y municipal y cuando pudieron ni supieron, ni quisieron y, ahora, con el desembarco imparable del neoliberalismos, neofascismos y plutocracias la situación va a empeorar
Y, previsiblemente, así seguiremos en una economía libre de mercado incontrolada, sin contrapesos públicos, donde a jóvenes y a colectivos vulnerables, el Estado los abandona "a su desgracia", en un ambiente neoliberal, donde la justicia social es una entelequia: ¡Sálvese quien pueda y tenga medios!