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El apartado II del
Preámbulo de Ley 20/2022, de 19 de octubre,
de Memoria Democrática, no expresa con claridad la participación de Unión
Soviética al lado del Frente Popular con 700 aviones la mayoría Polikarpov i-16. (llamados popularmente "chatos").
Párrafo 2º del apartado II del Preámbulo, dice
“El último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Italia y Alemania y sus respectivos Gobiernos, que intervinieron en territorio español y que fue identificada por la República Española ante la Sociedad de Naciones como Guerra de España. Un conflicto, en definitiva, que trasciende de una contienda civil por la participación de potencias extranjeras como Italia, Alemania o la Unión Soviética y la política de no intervención de las principales potencias occidentales”.
Después de “o la Unión Soviética” debe haber una coma o un punto. Y explicar bien la participación rusa del genocida Stalin en la guerra civil al lado de los republicanos de izquierdas del F.P.. Con la frase: “y la política de no intervención de las principales potencias occidentales” parece dar a entender que la Unión Soviética participa como una especie de “Cascos Azules”, para mediar entre los dos bandos enfrentado. Cuando la URSS envió 772 pilotos militares y casi 700 aparatos de distinto tipo para ayudar al gobierno del Frente Popular español a contrarrestar el levantamiento militar faccioso.
La conclusión a la que llego es que, esta ley de Memoria Democrática es partidista y no trata a las víctimas de los dos bandos por igual, es esta manera nunca jamás bar reconciliación entre los españoles. No dice ni una palabra de las checas de la republica ni de los barcos-prisión. Ni de los bombardeos republicanos de Cabra, Toledo, Málaga, Sevilla, Zaragoza. Belchite… Solo interesa Guernica de la Legión Cóndor o italianos.
Disposición final. La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado (gobierno socialista de Pedro Sánchez) para dictar la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española. (Igualdad de todos los españoles no es cierto).
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